Denuncias en la ANDIS: el Foro Permanente Discapacidad pide transparencia y justicia

Se difundieron grabaciones que señalan presuntas coimas y negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad, poniendo en duda la gestión de funcionarios y del propio Presidente de la Nación. Desde el Foro Permanente exigimos que la Justicia actúe con celeridad, esclarezca los hechos y juzgue a todos los responsables. La sociedad merece respuestas

Ante las grabaciones difundidas la semana pasada en diversos medios de comunicación —cuyo contenido deberá ser oportunamente corroborado por la Justicia—, en las que el Dr. Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, informaría al Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, y a otras personas sobre presuntas coimas y negociados vinculados a medicamentos en el área a su cargo, llegando incluso a calificar a funcionarios propios como delincuentes, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresamos nuestra posición.
Esperamos, al igual que la sociedad en su conjunto, que la Justicia avance con celeridad en la investigación iniciada, a fin de esclarecer
lo sucedido y, en caso de comprobarse los hechos, juzgar a todos los responsables. Esto comprende tanto a los funcionarios que, por haber
tomado conocimiento de la situación, estaban obligados a denunciarla, como a todas las personas involucradas, sin importar el cargo que
ocupen en el actual gobierno.
La sociedad necesita conocer si quienes, con toda la fuerza comunicativa del Poder Ejecutivo Nacional, denunciaron supuestos actos de corrupción en la tramitación de pensiones y en la atención de personas con discapacidad —así como gastos desmedidos en el área
— son los mismos que, al mismo tiempo, habrían ocultado la malversación de recursos públicos por parte de altos funcionarios del
propio Gobierno Nacional.
La sociedad necesita saber si es cierto que el Sr. Presidente de la Nación —quien proclama en sus discursos haber venido a terminar
con los “curros” de gobiernos anteriores— fue efectivamente informado por el funcionario responsable de la ANDIS sobre lo que
estaba ocurriendo y no adoptó ninguna medida al respecto, lo que lo convertiría en partícipe de dicho delito.
La sociedad necesita saber si el Sr. Presidente —quien sostiene que la atención de las personas con discapacidad y de los jubilados
compromete el equilibrio fiscal— permitió, al mismo tiempo, que parte de los recursos públicos fueran robados.
Los miembros de este Foro no rechazamos la realización de auditorías debidamente planteadas; lo que sí rechazamos es que quienes las
impulsan y, al mismo tiempo, denuncian con vehemencia posibles delitos, hayan guardado silencio frente a irregularidades o incluso
las hayan cometido. Por ello, esperamos que la actuación de la Justicia permita esclarecer los hechos y deje en evidencia quién es
quién.
Creemos que la sociedad en su conjunto espera que la pronta intervención de la Justicia avance hasta su total esclarecimiento, sin
dilaciones ni interrupciones. Si los responsables cumplen con esta tarea, se dará un paso más hacia la construcción de una sociedad
más justa, no solo para las personas con discapacidad, sino también para todos los habitantes de nuestro país.