Una nueva búsqueda del gobierno para confundir a la sociedad y juzgar a las personas con discapacidad
El Gobierno Nacional difundió que existen 178.000 certificados de discapacidad activos correspondientes a personas fallecidas, intentando instalar la idea de irregularidades en el sistema.
Desde el FORO aclaramos un dato central: tener Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica cobrar una pensión, y para acceder a una pensión no se exige el CUD, sino un Certificado Médico Obligatorio emitido por hospitales públicos.
Resulta llamativo y sospechoso que, luego del revés sufrido por el Gobierno cuando 123 diputadas y diputados rechazaron el Capítulo XI del Presupuesto 2026, en el que se intentaba derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) haya salido a informar que se habrían detectado 178.000 certificados de discapacidad activos correspondientes a personas fallecidas, intentando además vincular esta situación con los prestadores.
Esta información requiere aclaraciones urgentes:
En primer lugar, poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica recibir una prestación ni cobrar una pensión. Señalar esto es fundamental, ya que la noticia parece buscar instalar en el imaginario social la idea de que existirían 178.000 pensiones cobradas de manera
irregular, reforzando el discurso oficial que intenta presentar los reclamos del sector como parte de un supuesto “curro”.
Muchas personas cuentan con un CUD y no reciben ninguna prestación ni perciben pensión alguna. Asimismo, puede inducirse a pensar erróneamente que esta información surge de la auditoría realizada sobre las pensiones. Es necesario aclarar que dicha auditoría estuvo dirigida exclusivamente a verificar si las personas titulares de pensiones cumplían con los requisitos exigidos, y no a analizar la validez de los certificados de discapacidad.
Además, para acceder a una pensión no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio, que es emitido por un hospital público y debe estar refrendado por el médico evaluador y el director del establecimiento.
Cuando una persona fallece, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe informar esta situación a los distintos organismos del Estado para que se realicen las bajas correspondientes. Que luego de dos años de gestión recién se llegue a esta supuesta conclusión —si es que efectivamente es cierta— evidencia graves falencias en la gestión estatal.
Resulta difícil de comprender cómo, en este tiempo, no se haya conformado un padrón articulado entre ANDIS y el RENAPER. Intentar vincular esta situación con los prestadores implica sugerir que existirían facturaciones a nombre de personas fallecidas. Si algo así fuera cierto, se trataría de un hecho fraudulento que debe ser investigado y sancionado.
Sin embargo, es imprescindible aclarar que para que una persona reciba una prestación, organismos como PAMI, Incluir Salud, las obras sociales o las prepagas deben autorizar previamente la atención, y que las facturaciones se realizan mensualmente, por lo que estos mismos organismos deberían conocer si una persona se encuentra viva o fallecida.
De existir facturaciones sostenidas en el tiempo a nombre de personas fallecidas, debería suponerse la participación y responsabilidad de múltiples actores, y no utilizar el tema para instalar sospechas generalizadas. Entendemos que el objetivo de esta comunicación es sembrar dudas en la población, sin aportar pruebas ni explicaciones claras.
Por todo lo expuesto, exigimos a la ANDIS que acompañe esta información con datos concretos sobre el supuesto perjuicio económico generado, ya que la sola difusión de esta noticia expone fallas graves en los mecanismos estatales de registro y comunicación de fallecimientos.
Asimismo, exigimos que los funcionarios responsables brinden las aclaraciones necesarias que resguarden la buena reputación de las personas con discapacidad y de los prestadores, evitando estigmatizaciones y sospechas infundadas. Esperamos estas aclaraciones, aunque lamentablemente dudamos que se produzcan, dado que la estrategia sostenida de este Gobierno ha sido ensuciar el debate público, generando desconfianza hacia los sectores que decide desvalorizar.
