| Reforma laboral, protestas y policías: una jornada que marcó la tensión social
La reforma laboral —oficialmente llamada Ley de Modernización Laboral— no es un ajuste menor. Introduce más de 28 modificaciones sustanciales al régimen laboral vigente desde 1974, más allá de retoques posteriores
Ayer fue una de esas jornadas que quedan marcadas en la memoria política del país. El Senado argentino aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra, en medio de una fuerte movilización social, protestas en las calles y una tensión que no se veía desde hace tiempo en la Plaza del Congreso, aunque lejos de lo que habría ocurrido hace un par de décadas ante una situación similar.
La reforma laboral —oficialmente llamada Ley de Modernización Laboral— no es un ajuste menor. Introduce más de 28 modificaciones sustanciales al régimen laboral vigente desde 1974, más allá de retoques posteriores. Entre sus medidas más polémicas está la posibilidad de jornadas laborales de hasta 12 horas, la reducción del costo de despido, la prioridad de acuerdos individuales por sobre convenios colectivos, y restricciones al derecho a huelga, especialmente en sectores “esenciales”. También incorpora un nuevo fondo de asistencia laboral financiado por empresas con recursos que hasta ahora estaban destinados a seguridad social.
El gobierno defendió el proyecto como una herramienta para combatir la litigiosidad y la informalidad laboral, un problema que hoy afecta a casi la mitad de la fuerza de trabajo formal en Argentina. El argumento oficial es que flexibilizar normas y abaratar despidos atraerá inversiones y favorecerá el empleo formal.
Pero el rechazo social fue inmediato y masivo. Miles de personas —sindicatos, organizaciones sociales, movimientos políticos e independientes— se concentraron frente al Congreso. La protesta comenzó de forma pacífica, pero con el correr de las horas se produjo una escalada: enfrentamientos con la Policía Federal, uso de gases lacrimógenos, cortes de calles, heridos y detenidos. Hubo escenas de violencia que marcaron la jornada y dejaron una pregunta en el aire: ¿es esta la forma legítima de canalizar el desacuerdo social? Hay sectores que rechazan este tipo de acciones, otros que señalan que es legítimo, además de apuntar a infiltrados en lo que respecta al uso de molotovs o el lanzamiento de proyectiles.
La oposición, especialmente el bloque kirchnerista, fue tajante: calificó la reforma como regresiva y anticonstitucional, y anticipó que si llega a aprobarse en Diputados recurrirá a la Justicia. Desde su mirada, la norma precariza derechos conquistados por generaciones de trabajadores y apunta más a beneficiar a los grandes grupos empresarios que a recuperar la salud del empleo formal.
Por su parte, la CGT —la histórica central obrera— participó de las protestas pero con una actitud que muchos interpretaron como tibia. Acompañó la movilización, pero sin la contundencia que se esperaba de un brazo organizado de los trabajadores frente a una reforma de semejante magnitud. Esa falta de firmeza abrió un debate interno: ¿está la conducción sindical debilitada? ¿Le cuesta marcar la agenda en un contexto de fragmentación social? ¿O simplemente no quiere entrar en una confrontación frontal? Es una pregunta que por estos días circula en los pasillos sindicales tanto como en las plazas.
Y como si el clima social no fuera ya suficientemente cargado, en la provincia de Santa Fe se produjo una protesta policial que terminó con anuncio de aumento salarial por parte del gobernador Maximiliano Pullaro. Efectivos de la policía provincial se manifestaron durante días reclamando mejores sueldos y condiciones laborales, con escenas de tensión que incluyeron escupidas al propio jefe de la fuerza en Rosario.
Pullaro, en conferencia de prensa, consideró que la protesta era “justa y genuina” y respondió con un decreto de recomposición salarial. El nuevo piso fijado por el gobierno santafesino garantiza que ningún policía en funciones operativas perciba menos de 1.350.000 pesos, con múltiples adicionales según la peligrosidad y condiciones del servicio. Tras ese anuncio, los efectivos comenzaron a levantar la protesta.
Este cruce de hechos —una reforma laboral histórica en el centro del debate nacional, protestas sociales y una protesta policial resuelta con un aumento— no es aislado. Refleja un momento de alta tensión social y política, donde las respuestas del Estado no siempre encuentran correlato en los actores sociales, y donde las instituciones parecen una vez más ponerse a prueba frente a reclamos, derechos y expectativas de una población exhausta por crisis económica y demandas no resueltas.
Habrá que preguntarse no solo qué se aprobó en el Senado, sino qué clima social está dejando esa aprobación. Porque una ley, por más respaldada que esté en el Parlamento, también necesita legitimación social para anclarse y perdurar sin fracturas profundas. Y en este momento, esa legitimación parece estar más fragmentada que nunca.
